La Ley 108-05 sobre el registro de bienes inmuebles garantiza la seguridad de la propiedad en la República Dominicana: todos los derechos registrados están protegidos por el Estado y solo los certificados oficiales prueban la propiedad. Junto con la Ley 189-11 sobre fideicomisos, el marco legal inmobiliario garantiza la transparencia y la confianza en cada transacción.
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La Ley 108-05 sobre el registro de bienes inmuebles regula la compensación y el registro de todos los derechos de propiedad inmobiliaria en la República Dominicana. Esta ley establece principios clave: por ejemplo, declara que el Estado es el propietario original de todos los terrenos y que cada derecho registrado es imprescriptible y goza de la «protección y garantía absolutas del Estado». En la práctica, esto significa que las oficinas del Registro de Títulos, supervisadas por la Dirección Nacional de Registro, deben emitir certificados de título que demuestren quién es el verdadero propietario de cada propiedad. Según los artículos 103 a 104 de la ley, la información registral es pública y solo el propietario puede solicitar certificaciones oficiales que acrediten la situación legal de una propiedad. Por lo tanto, cualquier venta formal debe ejecutarse mediante escritura pública ante notario y luego registrarse, de modo que el comprador pueda obtener un nuevo certificado de propiedad a su nombre.
Además, hay otras normas complementarias importantes. Por ejemplo, la Ley 189-11 (Mercado Hipotecario y Fideicomisos) introdujo el fideicomiso como estructura legal para el sector inmobiliario. Un fideicomiso permite que los activos (como terrenos o apartamentos en preventa) se transfieran a un administrador (fideicomisario), creando sucesiones separadas. Esto proporciona una mayor protección a los inversores, ya que el promotor no puede disponer libremente de los fondos depositados.
En resumen, el marco legal dominicano exige transparencia (contratos notariales, registro de propiedad pública e instrumentos como los fideicomisos) para garantizar que los compradores, vendedores e inversores operen sobre bases sólidas y seguras.
Fuentes: Legislación dominicana (Leyes 108-05, 189-11, 140-15, 33-91), sitio web del Registro de Bienes Raíces, DGII (Impuesto a la Propiedad e Impuestos de Transferencia), jurisprudencia y declaraciones de Pro Consumidor sobre el fraude.
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